La Administración estadounidense ha reforzado por primera vez desde 1997 las normas federales que controlan la contaminación en el aire, una decisión que ha sido rechazada por las compañías industriales pero también por los grupos ecologistas que la consideran muy insuficiente.
Fuente: AFP
Estas nuevas normas serán determinantes para la calidad del aire que respirarán los estadounidenses por lo menos durante una década y representan una de las decisiones más importantes en materia de medioambiente tomadas por el presidente George W. Bush en su último año en la Casa Blanca.
Se trata de unas "normas más estrictas" jamás adoptadas, subrayó a la prensa el director de la Agencia federal de defensa del medioambiente (EPA), Stephen Johnson.
Estas medidas fijan para todos los Estados y los condados estadounidenses el volumen máximo de emanaciones de óxido de nitrógeno y de otros componentes químicos que pueden emitir los automóviles, las fábricas y las centrales eléctricas.
Fijan en 75 partes por mil millones de volumen (PPBV) el contenido máximo autorizado de ozono en el aire frente a las 80 partes dispuestas desde 1997, precisó la EPA. Cien partes de PPBV corresponden a una molécula de ozono para diez millones de otras moléculas presentes.
El ozono resulta de una reacción química que implica a los rayos del sol, el calor y los contaminantes sobre todo como el óxido de nitrógeno. Mezclado con las pequeñas partículas en suspensión en la atmósfera, forma la polución que a menudo recubre los grandes centros urbanos como Londres o Los Ángeles. La polución irrita las vías respiratorias y puede ser peligrosa para las personas que sufren de enfermedades cardiovasculares y pulmonares.
Bajar el contenido autorizado del ozono en 75 partes de PPBV podría traducirse en una disminución de 900 ó 1.100 muertes prematuras al año así como en una bajada de 1.400 paros cardíacos no mortales, según las estimaciones del EPA. Esta nueva norma debería también permitir reducir el número de las hospitalizaciones al año.
Según la agencia federal, una vez aplicadas plenamente, estas nuevas normas generarán ganancias en la Sanidad Pública de hasta 19 mil millones de dólares al año.
"La decisión de la EPA va imponer inútilmente una nueva carga sobre los Estados y las industrias mientras siguen esforzándose por respetar las normas de 1997"
En comparación, los costes económicos de aplicación de estas nuevas normas se sitúan entre 7,6 y 8,5 mil millones, calculó la EPA, que subraya al mismo tiempo los progresos considerables realizados por los Estados Unidos desde 1980 para mejorar la calidad del aire.
Durante estos 27 últimos años, los niveles de ozono disminuyeron un 21%, precisa la agencia. Para las industrias, esta decisión no tiene motivación científica y tendrá un impacto nefasto sobre numerosas fábricas y sobre economía en general.
"La decisión de la EPA de bajar la cantidad de ozono va inútilmente a imponer una nueva carga sobre los Estados y las industrias al mismo tiempo que continúan esforzándose por respetar las normas de 1997" y que "han realizado progresos muy importantes", explica Tom Gibson, director de la American Chemistry Council, la asociación de industrias químicas americanas, en un comunicado.
Por otro lado, para los grupos de defensa del medioambiente, esta decisión es demasiado tímida. "La EPA ha perdido una ocasión única de proteger la salud pública y el bienestar, ignorando recomendaciones unánimes de sus consejeros científicos", lamentó William Becker, director de Asociación Nacional por el Bien del Aire, que representa 48 Estados y 165 grupos locales.
Reunión en Bruselas
La decisión de EEUU, coincide con la reunión que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE mantendrán desde hoy en Bruselas, en la que se centrarán sobre el impacto del cambio climático en la seguridad y en la economía.
El informe que se presenta alerta de que el cambio climático incrementará la presión migratoria y los conflictos en los países de tránsito y de acogida de los inmigrantes. También aumentarán los enfrentamientos sobre los recursos de las regiones polares, que podrán explotarse gracias al calentamiento global.
"El cambio climático puede considerarse como un multiplicador de amenazas que exacerba las tendencias, tensiones e inestabilidades existentes. El principal desafío es que el cambio climático amenaza con sobrecargar Estados y regiones que son ya frágiles y propensos al conflicto. Es importante tener en cuenta que los riesgos no son únicamente de carácter humanitario; incluyen también riesgos políticos y de seguridad que afectan directamente a los intereses europeos", subraya el documento.
El informe elaborado por Javier Solana y por la Comisión presta especial atención a la situación en las regiones polares y en particular en el Ártico. Resalta que la mejora del acceso a los enormes recursos de hidrocarburos de la zona gracias al deshielo "está cambiando las dinámicas geoestratégicas de la región con consecuencias potenciales para la estabilidad internacional y para los intereses de seguridad europeos".
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